La revisión del gasto recomienda una drástica reducción del tamaño de la oficina de correos española

Un informe elaborado por la autoridad fiscal independiente AIREF para el gobierno nacional como parte de una revisión del gasto ha concluido que es aconsejable una drástica reducción de personal en Correos, provocando una fuerte reprimenda por parte del Ministerio de Fomento, donde la respuesta ha sido que el organismo ha sobrepasado los límites de su mandato.

Observando que la demanda entre el público de entrega personalizada de cartas a domicilio ha disminuido significativamente, las principales recomendaciones de AIREF son las siguientes:

Reducir el número de días por semana en que se realizan las entregas, adoptando una política que ya se ha adoptado en Italia, donde en las regiones montañosas la frecuencia de las entregas se ha establecido a razón de una vez cada cinco días.
Suprimir la práctica de establecer un número mínimo de oficinas y buzones requeridos, es decir, cerrar las oficinas y retirar los buzones.
Privatizar el negocio y reducir drásticamente la plantilla. AIREF observa que en otros países europeos los esquemas de reducción de costos han sido mucho más decisivos, y llega a la conclusión de que los salarios del personal son responsables del 70 por ciento de todos los gastos de Correos.

En esencia, lo que AIREF propone es que la obligación de prestar un servicio público sea más flexible y se adapte a la caída de la demanda que ha coincidido en los últimos 20 años con el auge de Internet.

Pero el Ministerio ha respondido al informe de 84 páginas con un documento propio de 11 páginas en el que se afirma que las medidas propuestas por AIREF «no se corresponden exactamente con el contenido real del informe» y que lo que el grupo está haciendo realmente es poner en tela de juicio toda la estrategia empresarial de Correos. La respuesta también dice que algunas de las propuestas son actualmente ilegales, como la de reducir la frecuencia de las entregas, y que no es posible reducir aún más el número de «puntos de acceso» a las oficinas cuando la media en España es actualmente de uno por cada 5.192 habitantes, frente a uno por cada 4.000 en el resto de Europa.